Por:
Alondra Pérez.
San Francisco de Macorís.- La
justicia dominicana ha sido catalogada como “ineficiente e incapaz”, ya que
existen un sin número de casos de violencia de género que han quedado impunes y
han sido archivados para proteger los intereses quienes han sido sus actores
intelectuales.
Las
altas clases sociales y económicas, sumadas al manejo de poder y autoridad, han
sido los medios utilizados en múltiples ocasiones para evadir el cumplimento de
sanciones luego de que individuos dotados de las características antes
mencionadas, sean llevados ante los tribunales tras cometer actos delictivos.
Tal
es el caso de la joven Emily Peguero, asesinada durante su primer semestre de embarazo,
el 19 agosto del pasado año 2017 por quien fuese en aquel entonces su novio y
padre de la criatura, Marlon Martínez, el cual en complicidad de su madre,
Marlin Martínez, ex subdirectora de la Dirección General de Pasaportes, mantuvo
escondido el cuerpo putrefacto de la adolescente durante más de una semana.
Se
recuerda que el cuerpo sin vida de Emily fue hallado en un saco dentro de una
maleta, en la comunidad La Guama, en el municipio de Moca la noche del 31 de
agosto del pasado año.
Es
vergonzosa y repugnante la manera de actuar de las autoridades ante este caso,
que hasta el día de hoy, cumpliéndose más de un año de tal aberración se dice
no tener las pruebas suficientes para emitir una condena final y han aplazado
en incontables ocasiones las audiencias como si el propósito fuese extender el
proceso judicial.
La sociedad dominicana se encuentra aún inconsolable
y desconcertada por aquel hecho atroz que enluto no solo a la Provincia Duarte,
sino a todo un país que no descansara hasta que se haga justicia y los acusados
paguen sus respectivas condenas.
Solo
nos queda esperar a que por fin en las próximas audiencias del 30 y 31 del mes
en curso, se impongan las máximas penas con las que castiga la constitución dominicana
los crímenes de esta índole. Nos aferramos a la esperanza de que este no será un
caso más de impunidad en el que los altos cargos gubernamentales dominan a su
antojo la justicia dominicana.
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